4 de abril de 2017

Una Fiscalía antipiratería para defender los derechos de autor

Dentro del Plan Cultura 2020, el Ministerio de Cultura creará una Fiscalía antipiratería que luche "contra la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual".

"Mientras no se persiga a los responsables de poner miles de libros de forma gratuita al alcance de un solo clic sin pagar derechos de autor, no hay nada que hablar", afirma en una entrevista a Ritmos 21 el presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), Juancho Pons. El sector cultural -concretamente el editorial y el cinematográfico- culpan de la mayoría de sus males a la piratería y consideran que el Gobierno no está poniendo las herramientas suficientes para acabar con ella.

El Ejecutivo español puso en marcha a comienzos de 2015 la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Se caracterizaba por multar aquellas páginas webs que vincularan a páginas de contenido ilegal. La medida fue tachada de "injusta" por los internautas y de "lógica" por las entidades de derechos, que pedían más.

Así, tras un año sin Gobierno, el Ministerio de Cultura ha presentado su programa de políticas culturales para los próximos cuatro años. Bajo el nombre de Plan Cultura 2020, una de las medidas que se llevará a cabo es la aprobación de una Fiscalía antipiratería, del que no se conocen muchos detalles.

Será un organismo que luchará "contra la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual", con la colaboración del Ministerio de Justicia. Su objetivo será "fortalecer la vía jurisdiccional penal como un cauce ágil para la defensa de la Propiedad Intelectual en los casos en que concurra el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto", según señala el plan presentado.

Compensación por copia privada

El Ministerio dirigido por Íñigo Méndez de Vigo pondrá en marcha una nueva regulación de la compensación por copia privada, "más equitativa" y con "vocación de permanencia". Esta compensación se mantendrá fuera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El objetivo es que el coste de la compensación por copia privada lo paguen aquellas personas "quienes realizan dichas copias", así como aplicar un sistema "equilibrado" de equipos, aparatos y soportes y de cuantías.

El sector cultural echa en falta otras medidas como el fomento de un programa para escuelas para concienciar sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual a los más jóvenes. Para Pons, "la concienciación es importante, pero la defensa de los derechos de toda la cadena de suministro del libro ha de empezar por vía judicial, por muy triste que sea decirlo de esta forma".

Autor: Marina Prats
Twitter: <@Marina Prats>
Fuente: <http://www.ritmos21.com/>

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