22 de marzo de 2016

¿Hasta dónde puede llegar el acceso abierto?

Suscitando comparaciones con Edward Snowden, se cree que una estudiante de Kazakstán de nombre Alexandra Elbakyan está escondida en Rusia, después de haber revelado ilegalmente millones de documentos. Si bien ella no dio a conocer secretos de estado, sí asumió una postura en favor del derecho público a la información, poniendo en línea prácticamente todos los estudios científicos que se hayan publicado, en temas desde la acústica hasta la zoología.

Su protesta contra el acceso pagado a las publicaciones académicas le ha valido una condición de estrella entre los defensores del acceso abierto y ha arrojado luz en el hecho de que muchos hallazgos científicos, que podrían influir en decisiones tanto personales como de política pública tan importantes como la atención médica, la economía y el ambiente, suelen ser prohibitivamente caras de leer e imposibles de agregar y de aprovechar como datos.

“En términos reales, solo los científicos de las universidades más grandes y mejor financiadas del mundo desarrollado tienen acceso pleno a las investigaciones publicadas”, comenta Michael Eisen, profesor de genética, genómica y desarrollo en la Universidad de California en Berkeley y defensor del acceso abierto. “El sistema actual frena a la ciencia pues retrasa la comunicación de los trabajos; la frena pues limita el número de personas que tienen acceso a la información y anula la posibilidad de hacer análisis de datos” como el que se puede hacer cuando los artículos no están “contenidos en varias bases de datos resguardadas”.

Los editores de publicaciones científicas ganaron en conjunto 10,000 millones de dólares el año pasado, buena parte de ello de bibliotecas de investigación que pagan cuotas de suscripción anual que van de 2,000 a 35,000 dólares por título, si es que no compran una suscripción en paquete, que puede costar millones de dólares. Las compañías más grandes, como Elsevier, Taylor & Francis, Springer y Wiley, por lo general tienen un margen de ganancias de más de 30 por ciento. Ellas aseguran que ese margen está justificado pues son curadoras de las investigaciones, y seleccionan solo los estudios más valiosos para su publicación. Aun más, ellas son las que organizan la selección, la edición y el archivado de los artículos.

Ese es el argumento que presentó Elsevier, apoyado por una serie de amicus curiae, cuando presentó la demanda en contra de Elbakyan, de la que hace unos meses surgió un mandato en contra de su sitio Web en el que compartía los documentos, llamado Sci-Hub.

“Es como si robar materiales fuera justificable porque se consideran caros, y para mí eso es sorprendente”, comentó Alicia Wise, directora de acceso universal en Elsevier. “Es como si entráramos en una dulcería y nos sintiéramos justificados al robar una barra de chocolate integral siempre y cuando dejemos los chocolates baratos en la repisa.”

Pero ya que una orden de un tribunal estadounidense no puede aplicarse en Rusia (si bien Elbakyan no quiere confirmar dónde se encuentra exactamente), mucho menos tratándose de Internet, Sci-Hub sigue ofreciendo cientos de miles de artículos académicos a un total de 10 millones de visitantes. En un intercambio por correo electrónico, Elbakyan aseguró que sus motivaciones son tanto prácticas –ella necesita los artículos para hacer sus propias investigaciones académicas– como filosóficas. Ella considera que Internet es un “cerebro global” y ya que el acceso pagado inhibe el libre flujo de información, impide también que la humanidad esté plenamente “consciente”. La próxima audiencia judicial en este caso está fijada para el 17 de marzo.

Una sombre que pende sobre este caso es el recuerdo del programador y activista por el acceso libre Aaron Swartz. En 2013, Swartz se suicidó colgándose a raíz de que fiscales estadounidenses lo acusaron de fraude y de varias violaciones a la ley sobre fraude y abuso por computadora debido a que descargó millones de artículos académicos a través de un servidor del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Se enfrentaba a unas sanciones económicas demoledoras, además de penas de prisión, aunque no estaba claro qué pensaba hacer él con su colección de artículos.

En respuesta a la demanda presentada en su contra, Elbakyan le envió una carta al juez señalando que Elsevier, al igual que otros editores de publicaciones científicas, no paga nada por adquirir los estudios de los investigadores. Aun más, los editores tampoco pagan por la revisión y la edición de los textos, que están a cargo de voluntarios. Pero sí cobran a esos mismos investigadores, a quienes revisan y editan los artículos, y por supuesto al público en general, cuyos impuestos muy probablemente financiaron la investigación en primer lugar, por leer los artículos resultantes.

“Esto es muy diferente de la industria del cine y de la música, en la que los creadores perciben dinero por cada ejemplar que se vende”, explicó Elbakyan en su misiva. “Y también quisiera hacer notar que no hemos recibido ninguna queja por parte de autores e investigadores.”

Descargar legalmente un solo artículo cuando no se cuenta con una suscripción cuesta alrededor de 30 dólares, cantidad que se multiplica rápidamente si consideramos que las búsquedas incluso de temas muy específicos pueden arrojar resultados de cientos si no es que miles de artículos. Y los estratosféricos costos de la suscripción a las publicaciones, que permiten descargas ilimitadas, constituye una pesada carga en el presupuesto de las bibliotecas.

“Los precios han aumentado más del doble que los de la atención médica en los últimos veinte años, por lo que sí, hay ahí un escándalo que deberíamos de exponer”, señala Peter Suber, director de la oficina de comunicación académica de Harvard. “Es importante señalar que Harvard está sufriendo con esto pese a que cuenta con un presupuesto más grande que cualquier otra biblioteca académica del mundo.”

Sin embargo, Suber hizo hincapié en precisar que no condonaba las tácticas guerrilleras de Elbakyan. “El acceso ilegal le da mal nombre al acceso abierto.”

Una solución, indicó, sería convencer a los investigadores de que publiquen en publicaciones de acceso abierto, como las que se encuentran bajo la cúpula de la Biblioteca Pública de Ciencias, de la que Eisen fue uno de sus fundadores en Berkeley. Pero ese modelo financiero requiere que los autores de los estudios paguen un costo de procesamiento, que puede ir desde 1,500 hasta 3,000 dólares por artículo, para que el editor pueda recuperar sus costos.

Otra opción sería cargar los estudios en los llamados repositorios de pre-prensa, donde los estudios de investigación están disponibles antes de que sean aceptados por alguna publicación y sean sometidos a revisión y edición. Sin embargo, lo que inhibe esta opción es la noción muy generalizada de que es menos probable que las publicaciones más prestigiosas acepten publicar un estudio que ya es del dominio público.

A raíz de la muerte de Swartz, la Casa Blanca emitió una directiva que obliga a las agencias que reciban más de cien millones de dólares en subsidios a establecer planes para que los beneficiarios de tales subsidios den a conocer al público sus hallazgos a más tardar un año después de su publicación. Aun más, en el Congreso hay propuestas de leyes que requieren lo mismo, con la diferencia de que reducen el periodo de exclusividad a seis meses. Algunas entidades privadas, como el Fondo Welcome, el Instituto Médico Howard Hughes y la Fundación Bill & Melinda Gates, también han empezado a condicionar sus subsidios al acceso abierto a los artículos resultantes, así como posiblemente también a los datos en que se basan.

Investigadores en algunas disciplinas, como física y matemáticas, han lanzado publicaciones de acceso abierto para protestar por el acceso pagado de los editores de publicaciones científicas. También han formado consorcios que cubren las cuotas que cobran los editores por poner las investigaciones en acceso abierto.

“Estamos empezando a ver un cambio hacia una era de experimentación e implementación para ver cómo puede funcionar el acceso abierto”, asegura David Crotty, director editorial de política de publicaciones en Oxford University Press, sello sin fines lucrativos que ha estado recurriendo exclusivamente al formato de acceso abierto al lanzar nuevas publicaciones.

Posiblemente la barrera más grande a la que se enfrenta el acceso abierto sea el hecho de que los científicos son juzgados con base en lo que han publicado cuando compiten por empleos, promociones, cátedras y subsidios. Y las publicaciones más prestigiosas, como Cell, Nature y The Lancet, también tienden a ser las que más protegen sus materiales.

“Aquí, los verdaderos culpables son los líderes de la comunidad científica –los premios Nobel, los directores de instituciones, los rectores de universidades– que están en posición de cambiar las cosas pero que jamás se han enfrentado a este problema, en parte porque ellos también son beneficiarios del sistema”, señala Eisen. “A los presidentes de universidad les encanta jactarse de la importancia de sus científicos porque publican sus trabajos en esas publicaciones.”

Elbakyan ha advertido que mientras no cambie el sistema, ella seguirá distribuyendo artículos de publicaciones científicas a quienes los deseen. Parafraseando la Carta de las Naciones Unidas, declaró: “Todo el mundo tiene el derecho de compartir libremente los avances científicos y sus beneficios.”

Autor: Kate Murphy
Twitter: <@mskatemurphy>
Fuente: <http://www.nytsyn.com/>
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